Más de 600 peruanos fueron reclutados con engaños para combatir en la guerra de Rusia contra Ucrania. Al menos 13 ya están muertos.Un informe internacional presentado en Kiev documenta que el esquema forma parte de una red global de trata de personas operada por el Estado ruso que ha captado a más de 27.000 extranjeros
El mecanismo es siempre el mismo. Un mensaje por Instagram o Telegram con una oferta de trabajo en seguridad, cocina o transporte. Un sueldo de hasta 4.000 dólares mensuales y un bono inicial de entre 20.000 y 50.000 dólares. Un contrato redactado en ruso que nadie entiende y que nadie explica.
Tres días después, el aeropuerto. Al llegar a Moscú, confiscación del pasaporte, el celular y el DNI. Una deuda fabricada de 20.000 dólares por el traslado. Tres semanas de adoctrinamiento en un campo militar. Y luego, el frente de guerra.
Ese es el relato que repiten, con variaciones mínimas, los familiares de los más de 600 peruanos atrapados en el conflicto. El perfil de las víctimas apunta principalmente a licenciados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, aunque también hay civiles con oficios técnicos. Los reclutadores, según el abogado de las familias, Percy Salinas, son ciudadanos colombianos, mexicanos y tres peruanos con base en Lima.
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La empresa responsable ha cambiado de nombre al menos seis veces desde que comenzaron las denuncias, para dificultar su rastreo.
El patrón que el mundo ya documentó
El 29 de abril de 2026, en el Gran Salón de la Academia Diplomática Hennadii Udovenko del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), la organización Truth Hounds y la Oficina Internacional de Kazajistán para los Derechos Humanos y el Estado de Derecho (KIBHR) presentaron el informe “¿Combatientes, mercenarios o víctimas de trata de personas? La explotación rusa de combatientes extranjeros en su guerra contra Ucrania”.
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El documento es el resultado de nueve meses de investigación en América Latina, Asia Central y África, con entrevistas a prisioneros de guerra detenidos en territorio ucraniano.
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Perú no aparece mencionado en el informe. Pero cada línea del documento describe lo que ocurre en el país. El informe señala que desde febrero de 2022, Rusia ha reclutado al menos 27.000 extranjeros de más de 130 países. Entre ellos, estima que entre 1.000 y 8.000 son latinoamericanos, con Colombia como el caso más documentado de la región. El número de combatientes extranjeros creció más de un 30 % entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, y la inteligencia ucraniana proyecta que Moscú reclutará otros 18.500 extranjeros antes de fin de 2026.
“Rusia ha construido un sistema de reclutamiento global que apunta deliberadamente a las poblaciones más vulnerables: migrantes indocumentados, detenidos, trabajadores en situación precaria, incluso estudiantes extranjeros, en decenas de países de Asia, África y América Latina”, afirmó Alexis Deswaef, presidente de la FIDH, al momento de presentar el informe. “En todos los casos, es un Estado el que los instrumentalizó como parte de su maquinaria de guerra y los envió a las posiciones más peligrosas del frente”, agregó.
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El informe detalla el mecanismo con precisión: los contratos se presentan en ruso a personas que no leen ni comprenden el idioma, sin explicación y en circunstancias que hacen imposible negarse. De los 16 prisioneros de guerra entrevistados para el documento, 13 declararon que les habían dicho que no tendrían que combatir. La mayoría fue enviada a posiciones de primera línea en cuestión de semanas.
Muchos fueron destinados a los llamados “asaltos de carne”, ataques frontales de alto riesgo con tasas de bajas extremas. Las estimaciones ucranianas indican que uno de cada cinco reclutas extranjeros no sobrevive el primer período de despliegue. Al menos 3.388 combatientes extranjeros han muerto en combate desde 2022; otras estimaciones elevan la cifra total por encima de los 5.000.
Lo que viven las familias peruanas
En Perú, las familias de los reclutados llevan semanas en una espiral de angustia, burocracia y amenazas. Más de 120 familias presentaron denuncia formal ante la División de Investigación de Delitos contra la Trata de Personas, oficina especializada de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP). Al día siguiente de interponer las denuncias, varios familiares comenzaron a recibir mensajes amenazantes en sus teléfonos. Cinco peruanos han sido repatriados hasta ahora: cuatro desde Moscú y uno desde Polonia. Frente a los más de 600 atrapados, la cifra resulta exigua.
El abogado Salinas fue directo al señalar la respuesta oficial: “La Cancillería no nos está brindando el apoyo”. El Ministerio de Relaciones Exteriores entregó a la Embajada de Rusia en Lima una lista formal de peruanos en zona de conflicto y conformó un grupo de trabajo con el Ministerio Público, la Policía Nacional, y los ministerios de Interior, Defensa y Trabajo. Moscú respondió el 30 de abril con un comunicado en el que indicó que “respeta la decisión de ciudadanos extranjeros de participar en la defensa de su soberanía” y que está dispuesta a brindar información si se presentan solicitudes formales.
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El informe de la FIDH y Truth Hounds es categórico en cuanto a la responsabilidad del Estado ruso: el sistema de reclutamiento “exhibe todos los elementos constitutivos de la trata de personas” y representa una violación del Protocolo de Palermo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El documento también concluye que ninguno de los países de origen analizados ha logrado prevenir o remediar plenamente la trata de personas dentro de sus fronteras.
Una red que no para
El esquema que opera en Perú no es exclusivo del país. El mismo patrón se repite en Bolivia, Ecuador y, con mayor volumen, en Colombia. La red cambia de nombre, muda de plataforma y sigue activa. “A pesar de que muchos estados toman medidas para frenar el reclutamiento, y aunque Rusia afirma que ya no recluta ciudadanos de ciertos países, el reclutamiento predatorio continúa”, advirtió Maria Tomak, investigadora asociada de Truth Hounds.
El informe recomienda a los países de origen investigar y desmantelar las redes criminales, procesar a los reclutadores, gestionar diplomáticamente el acceso a sus nacionales —incluidos los prisioneros de guerra detenidos en Ucrania— y brindar apoyo a las familias. También llama a revisar la definición internacional de mercenariado, que en su formulación actual resulta demasiado estrecha para abarcar la magnitud del fenómeno documentado.
Para las familias peruanas, esos marcos jurídicos son todavía abstracciones lejanas. Lo concreto son los 13 muertos, los cuerpos en morgues de la zona de conflicto, los teléfonos que ya no responden y la certeza de que la red que se llevó a sus hijos, hermanos y esposos sigue operando.
